Miguel Ríos, a sus 79 años, volvió a los escenarios en Starlite Marbella y no solo cantó: defendió su condición de ser político, pidió el fin del genocidio en Gaza, lució un pañuelo palestino y recitó un poema contra la guerra. Su gesto no fue un simple acto escénico: fue una manifestación de libertad de expresión en espacios culturales, un derecho que afecta a todos los ciudadanos, especialmente a quienes usan su voz pública para denunciar injusticias.
Los artistas tienen derecho a expresar posturas políticas en sus actuaciones
La Constitución Española reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental (artículo 20), aplicable a toda persona, sin distinción de profesión. Un cantante no deja de ser ciudadano al subir a un escenario. Al contrario: su visibilidad amplifica su voz, pero no la anula ni la limita legalmente.
Esto no significa que todo discurso esté exento de responsabilidad. La ley exige que las expresiones no inciten al odio, la violencia o la discriminación. Pero pedir el fin de un genocidio, como hizo Ríos citando al poeta Luis García Montero, entra claramente en el ámbito de la denuncia humanitaria, protegida por el derecho internacional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
¿Qué diferencia una opinión política de un discurso prohibido?
- Una opinión política expresa una postura sobre asuntos de interés general, como conflictos armados o derechos humanos.
- Un discurso prohibido es aquel que incita al odio o a la violencia contra un grupo por su nacionalidad, religión o etnia.
- El uso simbólico de un pañuelo palestino no es un acto de odio: es una señal de solidaridad con víctimas civiles, reconocida por organismos como la ONU.
El público también tiene derechos, pero no el de censurar en tiempo real
Cuando un espectador gritó «¡no hagas politiqueo!», actuó desde una percepción común: que los conciertos deben ser espacios neutrales. Pero esa idea no tiene respaldo legal. No existe una norma que exija a los artistas mantener silencio sobre temas sociales o bélicos.
Lo que sí protege la ley es el derecho del público a no ser objeto de acoso, amenazas o discurso de odio durante el evento. Si el artista respeta ese límite —como hizo Ríos, al hablar de «humanidad» y «respeto a las ideas»—, su intervención es plenamente válida.
¿Qué puede hacer el organizador ante una protesta espontánea?
- Garantizar la seguridad de todos, sin silenciar al artista.
- Recordar que los festivales son espacios públicos de expresión, no zonas de censura previa.
- Aplicar sus propias normas de convivencia, siempre que no contradigan la Constitución.
La expresión artística y política está protegida por marcos legales y éticos
Más allá de la Constitución, España está sujeta a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que España ratificó en 1977. Este tratado protege expresamente la libertad de opinión y de expresión, incluso cuando se ejerce «mediante cualquier medio de difusión» —incluidos los escenarios.
Además, el Código Deontológico de los Profesionales de la Comunicación (aunque no vinculante) reconoce que los creadores tienen una responsabilidad social: no solo entretener, sino también informar, interpelar y sensibilizar.
¿Cómo se equilibra arte y activismo?
- El activismo artístico no sustituye al periodismo ni a la acción política formal.
- Sí cumple una función clave: hacer visible lo invisible, como el sufrimiento civil en zonas de conflicto.
- Su impacto radica en la emoción y la empatía, no en la propuesta legislativa.
Lo esencial en 3 puntos
- Los artistas no pierden su derecho a opinar al subir a un escenario: su libertad de expresión está protegida por la Constitución y tratados internacionales.
- Pedir el fin de un genocidio o mostrar solidaridad con víctimas civiles no es «politicar» innecesariamente: es ejercer una responsabilidad ética reconocida por la ONU.
- El público puede discrepar, pero no tiene derecho a exigir censura en directo: la convivencia democrática exige respetar ideas distintas, incluso en espacios de ocio.
El regreso de Miguel Ríos a los escenarios no solo marca un hito personal: pone sobre la mesa una pregunta urgente para la sociedad digital. En una era de redes sociales donde cada gesto se viraliza, entender qué es y qué no es expresión legítima ya no es solo un asunto jurídico: es una competencia cívica básica. Y esa competencia empieza por reconocer que hablar de humanidad, desde un escenario o desde una plaza, nunca debe ser un delito.
