Málaga enfrenta una parálisis crítica en la obtención del carné de conducir: casi 18.000 alumnos tienen sus exámenes prácticos aplazados por la escasez de examinadores de Tráfico. La provincia opera con 25 profesionales, nueve menos de los 34 necesarios según el cálculo técnico del sector. Este déficit genera retrasos de hasta seis meses, afecta la movilidad ciudadana y frena la inserción laboral de jóvenes y trabajadores.
¿Por qué hay tantos exámenes prácticos pendientes en Málaga?
El problema no es coyuntural. Málaga lleva más de siete años sin una actualización real de su plantilla de Jefaturas Provinciales de Tráfico. La falta de convocatorias públicas para cubrir plazas vacantes ha agravado un desfase estructural. Además, la demanda ha crecido por la recuperación postpandémica y el aumento de matrículas en autoescuelas.
El impacto económico es directo
Cada alumno en espera representa un costo oculto: gastos de matrícula extendidos, combustible para desplazamientos innecesarios y pérdida de productividad. Las autoescuelas reportan caídas del 12 % en ingresos mensuales. La Diputación de Málaga ha tenido que financiar instalaciones en Antequera y Ronda para descentralizar exámenes —una medida paliativa, no una solución.
¿Qué dice la normativa sobre los examinadores de Tráfico?
El Real Decreto 1428/2003 regula las funciones de los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT). Establece que deben ser funcionarios con formación específica y experiencia mínima de tres años en conducción segura. La Ley 6/2022 de Movilidad Sostenible exige que las jefaturas provinciales cuenten con plantillas ajustadas a la demanda real. Sin embargo, no existe un mecanismo automático de revisión periódica de necesidades.
La brecha legal se agrava con la ausencia de evaluación de carga de trabajo
No hay indicadores oficiales que midan la ratio ideal entre examinadores y demanda. Málaga aplica un modelo obsoleto basado en población, no en número de solicitudes. Esto contradice el principio de eficiencia administrativa recogido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
¿Qué soluciones propone el sector y la oposición?
El PP ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para exigir tres medidas inmediatas: cubrir todas las plazas vacantes, redimensionar las plantillas provinciales y aplicar refuerzos temporales con personal externo homologado. La patronal de autoescuelas pide también la digitalización de la gestión de citas y la habilitación de más circuitos de examen en zonas rurales.
La respuesta del Gobierno central sigue sin concretarse
Aunque la DGT anunció en abril de 2026 una nueva convocatoria de oposiciones, no incluye plazas para Málaga. Tampoco hay fecha prevista para su publicación. Mientras tanto, los alumnos siguen acumulándose en listas de espera sin prioridad por antigüedad ni criterio objetivo de asignación.
¿Cómo afecta esto a los ciudadanos y al mercado laboral?
El retraso en la obtención del carné limita el acceso a empleos que requieren movilidad: reparto, logística, turismo y servicios. En la provincia, el 37 % de los puestos de conductor en oferta laboral exigen el permiso B vigente. Además, el 62 % de los afectados son menores de 30 años, un grupo con alta tasa de desempleo juvenil (28,4 % en Andalucía, según EPA Q1 2026).
Datos Clave
- Hay 18.000 exámenes prácticos pendientes solo en Málaga.
- El déficit real es de nueve examinadores (34 necesarios vs. 25 disponibles).
- En Andalucía, la cifra asciende a 82.000 personas afectadas.
- A nivel nacional, supera los 360.000 alumnos en espera.
- La Diputación de Málaga ha invertido más de 420.000 € en infraestructuras alternativas desde 2025.
- No se ha convocado una oposición específica para examinadores en Málaga desde 2019.
