La Ley de Nacionalidad Saharaui sigue sin aprobarse pese a su respaldo parlamentario mayoritario y su alineación con compromisos históricos de España. El ministro José Manuel Albares la calificó como «totalmente favorable», pero su tramitación se estanca por tensiones diplomáticas, bloqueos institucionales y líneas rojas en la coalición de Gobierno. La norma afecta a más de 120.000 personas nacidas en el Sahara Español entre 1958 y 1975.
¿Por qué la Ley de Nacionalidad Saharaui no ha entrado en vigor?
El proyecto, presentado formalmente por Sumar en 2023, busca reconocer la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo soberanía española. Aunque cuenta con apoyo transversal en el Congreso, su avance se ha visto frenado por la oposición tácita del PSOE y la presión diplomática de Marruecos.
El Gobierno argumenta que prioriza la estabilidad regional. Sin embargo, el bloqueo institucional no es técnico ni jurídico: es político. El Consejo de Ministros nunca ha incluido la propuesta en su agenda. Tampoco ha sido remitida al Consejo de Estado para informe previo, requisito esencial para su tramitación en el Congreso.
¿Qué dice el marco legal actual sobre la nacionalidad saharaui?
La Ley 4/2000, de 11 de enero, regula la adquisición de nacionalidad por residencia y por opción. Pero no contempla explícitamente a los saharauis. Su exclusión se basa en una interpretación restrictiva del artículo 17.1, que exige «residencia legal en España» como condición para la opción —imposible para la mayoría de los afectados, que viven en campamentos de Tinduf (Argelia) o en la zona ocupada del Sáhara Occidental.
El vacío jurídico afecta a generaciones enteras
- Más del 85 % de los saharauis nacidos entre 1958 y 1975 carece de pasaporte válido.
- La Corte Penal Internacional y el Tribunal de Justicia de la UE han señalado que España mantiene responsabilidades legales derivadas de su administración colonial.
- El Consejo de Europa instó en 2025 a España a «corregir esta omisión histórica».
¿Cuál es el impacto económico y humanitario del retraso?
La falta de nacionalidad española impide el acceso a becas Erasmus+, programas de cooperación técnica y ayudas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, limita la movilidad laboral y la reagrupación familiar.
En 2025, la AECID destinó 18,2 millones de euros a los campamentos de Tinduf. Pero solo el 12 % de esos fondos se canalizó a proyectos con participación directa de saharauis con vínculo documental con España. La ausencia de certificados de nacionalidad dificulta la contratación de personal local y la rendición de cuentas.
Datos Clave
- Más de 120.000 personas podrían optar a la nacionalidad bajo los criterios de la ley propuesta.
- Marruecos retiró en 2024 su embajador en Madrid tras una declaración del presidente Sánchez sobre el Sáhara.
- El Tribunal Supremo ha rechazado 37 recursos individuales desde 2022 basados en el derecho a la nacionalidad por origen colonial.
- La propuesta de Sumar requiere una reforma del Real Decreto 1004/2022, que regula los procedimientos de opción.
¿Qué papel juega la presión internacional en esta decisión?
La Unión Europea mantiene una postura ambigua: apoya el derecho a la autodeterminación, pero evita cuestionar abiertamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En 2026, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que insta a los Estados miembros a «reconocer los vínculos históricos y jurídicos con los saharauis».
Estados Unidos, por su parte, reafirmó en mayo de 2026 su apoyo a la iniciativa marroquí de autonomía. Esa postura refuerza la reticencia del Gobierno español a avanzar sin garantías diplomáticas. Pero también genera fricción con socios clave como Alemania y Bélgica, que ya reconocen pasaportes saharauis para fines consulares.
El costo político interno
- Sumar ha amenazado con retirar su apoyo a presupuestos si la ley no se incluye en la agenda legislativa antes de septiembre de 2026.
- El PSOE ha rechazado formalmente cualquier modificación del Estatuto de los Españoles en el Exterior, argumentando que «no es el momento».
- El Tribunal Constitucional aún no ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad planteada por 14 diputados sobre la exclusión de saharauis del régimen de opción.
La Ley de Nacionalidad Saharaui no es solo una cuestión de justicia histórica. Es una prueba de coherencia jurídica, de compromiso con los derechos humanos y de capacidad de gestión de la política exterior. Su parálisis revela las grietas de una coalición que aún no ha resuelto su equilibrio entre realpolitik y principios.
