La Guardia Civil ha desarticulado una red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico en la Costa del Sol, con sede en Mijas (Málaga). La operación «Pecunia» ha incautado 200.000 euros en efectivo, joyas, una pistola táser, licencias VTC y documentación inmobiliaria. El detenido, un español reclamado por Dinamarca, usaba compraventas de viviendas y permisos de transporte para ocultar ingresos ilícitos.
¿Qué es la operación Pecunia y cómo se desarticuló la red?
La operación Pecunia nació tras dos años de cooperación transfronteriza con la Unidad Nacional de Delitos Especiales (NSK) de Dinamarca. Su origen se remonta a la operación «Causa», que identificó patrones de reinversión de beneficios del narcotráfico en activos tangibles en España. El 8 de junio de 2026, los agentes localizaron y detuvieron al principal investigado en Mijas. Los registros posteriores en viviendas de Mijas y Benalmádena confirmaron la escala del esquema.
Uso estratégico del sector inmobiliario
El detenido adquirió inmuebles mediante pagos en efectivo y sociedades pantalla. Estas operaciones evitaban alertas en los sistemas de control de operaciones sospechosas (SOS) del Banco de España. Los inmuebles servían como garantía para préstamos bancarios legítimos, que luego se reintroducían en la cadena de blanqueo.
Licencias VTC como vehículo financiero
Las licencias de transporte con conductor (VTC) fueron clave. Su alto valor de mercado —hasta 150.000 euros en zonas turísticas— permitía justificar grandes movimientos de dinero. El detenido registró vehículos a nombre de testaferros y facturó servicios inexistentes para simular ingresos regulares.
¿Cuál es el impacto económico del blanqueo en la Costa del Sol?
El blanqueo de capitales distorsiona los mercados inmobiliario y de transporte. En Málaga, el precio medio del suelo urbano subió un 18 % en 2025, impulsado en parte por compras en efectivo sin justificación fiscal clara. El sector VTC ha visto duplicarse sus licencias en cinco años, con un 32 % de ellas concentradas en municipios de alta afluencia turística como Mijas y Benalmádena. Esto presiona los precios legítimos y desincentiva la inversión regulada.
Regulación y supervisión actual
Desde 2023, la Ley 10/2010 contra el blanqueo exige a inmobiliarias y empresas VTC identificar beneficiarios reales. Sin embargo, las inspecciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron 47 casos de incumplimiento en Andalucía en 2025. La falta de coordinación entre registros locales y autoridades fiscales sigue siendo un punto débil.
¿Qué marco legal se activó para la extradición?
La detención se ejecutó bajo una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por Dinamarca. Este mecanismo permite la entrega inmediata de personas acusadas de delitos graves, como el blanqueo de capitales, sin necesidad de tratados bilaterales. El detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, competente en delitos transnacionales y terrorismo.
Datos Clave
- La operación Pecunia incautó 200.000 euros en efectivo, joyas, una pistola táser, y documentación de licencias VTC.
- El detenido operaba desde Mijas y usaba viviendas en Benalmádena como centros de gestión.
- La red blanqueaba fondos mediante compraventas inmobiliarias y facturación falsa en empresas de transporte.
- Dinamarca emitió la OEDE tras vincular al sospechoso con 12 toneladas de cocaína intervenidas en Copenhague en 2024.
¿Cómo afecta esto a la confianza inversora en Andalucía?
La presencia de capitales ilícitos erosiona la percepción de transparencia. Según el Informe de Competitividad Regional 2026, Andalucía perdió 3,2 puntos en el índice de gobernanza financiera frente a la media nacional. Empresas extranjeras reportan retrasos en due diligence por inconsistencias en registros de propiedad y licencias. El sector turístico, clave para la economía provincial, enfrenta riesgos reputacionales si no se refuerzan controles en cadenas de suministro y servicios vinculados.
El caso evidencia la necesidad de integrar bases de datos entre la Agencia Tributaria, el Registro de la Propiedad y la Dirección General de Transportes. Sin esa interoperabilidad, los esquemas de blanqueo seguirán explotando brechas regulatorias entre sectores.
