El Gobierno ha aprobado una inversión de 1.006 millones de euros (sin IVA) para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Esta acción cubre 3.670 kilómetros de vías estatales, incluidas más de 2.200 km de autovías. El plan se ejecutará mediante seis contratos, distribuidos en 29 lotes, y afectará a 20 provincias de diez comunidades autónomas. Su objetivo es garantizar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del transporte interurbano, especialmente del transporte de mercancías, que representa más del 65 % del tráfico pesado nacional.
¿Cuál es el alcance geográfico y temporal de la inversión?
La actuación se extiende a territorios con alta densidad logística: Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, Madrid, Cataluña, Aragón, Galicia, Asturias, La Rioja y Castilla-La Mancha. Castilla y León recibe la mayor dotación: 188,4 millones de euros, con intervenciones clave en la A-1, A-11, A-66 y A-62.
Duración flexible para garantizar continuidad operativa
Cada contrato tiene una vigencia inicial de tres años, con opción a prórroga de hasta dos años adicionales, más una ampliación extraordinaria de nueve meses. Este esquema responde a la necesidad de estabilidad técnica y contractual en la gestión de infraestructuras críticas. Evita interrupciones en labores como la reposición de firmes, señalización inteligente o mantenimiento de sistemas de seguridad vial.
¿Cómo se articula la inversión técnica y contractual?
Los seis contratos se dividen en 29 lotes geográficos, cada uno con pliegos técnicos específicos. Estos incluyen exigencias de eficiencia energética, uso de materiales reciclados y cumplimiento de la Directiva Europea de Adquisiciones Públicas Sostenibles. También se exige integración de sensores IoT en zonas críticas para monitoreo en tiempo real de desgaste y condiciones climáticas.
Criterios de adjudicación vinculados a la transición ecológica
Los licitadores deben acreditar experiencia en gestión de huella de carbono en obras viales. Se prioriza el uso de asfaltos modificados con caucho reciclado y sistemas de drenaje sostenible. Estos requisitos están alineados con el Plan Nacional de Infraestructuras 2021–2030 y el Pacto Verde Europeo.
¿Qué impacto económico tiene esta inversión?
La inversión genera más de 12.000 empleos directos e indirectos durante su ejecución. Según el Ministerio de Transportes, el 78 % de los contratos se adjudicará a pymes locales, reforzando la cadena de valor regional. Además, se estima un ahorro anual de 180 millones de euros en costes de reparación de emergencia gracias al mantenimiento preventivo.
Reducción de costes logísticos y mejora de la competitividad
Una red en buen estado reduce en un 12 % el tiempo medio de transporte de mercancías. Esto mejora la productividad logística nacional, clave para sectores como la automoción, agroalimentario y manufactura. El impacto en la balanza comercial se estima en +0,4 puntos del PIB a tres años.
¿Qué marco legal y normativo regula esta inversión?
La iniciativa se sustenta en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) y en el Real Decreto 1098/2001, que regula la conservación de carreteras estatales. También incorpora obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2023/1115 sobre sostenibilidad en contratación pública. El seguimiento se realiza bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Vial (SEIV), herramienta obligatoria desde 2024.
Supervisión técnica y transparencia contractual
Todas las actuaciones están sujetas a auditoría del Tribunal de Cuentas y reportes trimestrales al Observatorio de Infraestructuras del Ministerio de Transportes. Los datos de ejecución se publican en el portal Transparencia Vial, con geolocalización de cada lote y avance físico-financiero en tiempo real.
Datos Clave
- Inversión total: 1.006 millones de euros (sin IVA)
- Kilómetros afectados: 3.670 km (2.200 km en autovías)
- Duración máxima: 5 años y 9 meses por contrato
- Comunidades autónomas implicadas: 10
- Empleos generados: +12.000 puestos
- Reducción estimada de costes logísticos: 12 %
- Cumplimiento obligatorio de SEIV y Reglamento UE 2023/1115
