El rescate público de Air Europa con 475 millones de euros ha desembocado en una investigación judicial. El juez José María Escribano ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, para el 3 de julio de 2026. La causa se abre tras una querella presentada por el PP y Vox por presunta prevaricación administrativa. El caso pone bajo lupa la transparencia de los fondos del FASEE, el mecanismo de apoyo a empresas estratégicas durante la pandemia.
¿Por qué se investiga al vicepresidente de la SEPI?
La citación responde a dudas sobre la legalidad del proceso de aprobación del rescate. El juez considera que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa». Esto implica que se investiga si se tomaron decisiones arbitrarias, injustas o contrarias a la ley en la concesión de ayudas.
El auto señala que el Consejo de Ministros aprobó el rescate el 3 de noviembre de 2020. En ese momento, la aerolínea enfrentaba colapso financiero por la caída del tráfico aéreo. Pero la justicia cuestiona si se cumplió con los requisitos de proporcionalidad, necesidad y control parlamentario exigidos para fondos públicos de esta magnitud.
¿Qué papel jugó el FASEE en el rescate de Air Europa?
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue el instrumento legal que canalizó el rescate. Su Consejo Gestor tenía competencia para evaluar y aprobar ayudas. El juez exige identificar a todos los miembros con voz y voto en esas sesiones, así como a los técnicos que instruyeron el expediente y a la Abogacía del Estado, autora del informe jurídico previo.
El FASEE no era un fondo discrecional. Su marco legal exigía evaluación rigurosa de viabilidad, garantías reales y alternativas de mercado. La investigación busca determinar si se omitieron controles clave o se priorizó la urgencia sobre la legalidad.
¿Qué consecuencias tiene esta investigación para la gobernanza pública?
La citación de un alto cargo de la SEPI marca un precedente en la fiscalización de ayudas estatales. Refleja una creciente exigencia de responsabilidad institucional tras la gestión de fondos europeos y nacionales durante la crisis sanitaria. Desde el punto de vista económico, el caso afecta la confianza de los inversores en la neutralidad del Estado como accionista.
Además, el Tribunal de Cuentas ya ha emitido informes críticos sobre la falta de seguimiento post-rescate. El impacto fiscal sigue vigente: Air Europa no ha devuelto ni un euro del préstamo, y su reestructuración sigue pendiente de aprobación por la Comisión Europea, que exige garantías de competencia leal.
¿Quiénes más están bajo investigación?
El juez ha pedido a la SEPI que identifique con nombre y apellidos a todos los involucrados. Entre ellos figuran:
- Pedro Saura, entonces Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
- Manuel de la Rocha, ex director general de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia.
- Miembros del Consejo Gestor del FASEE.
- Técnicos instructores del expediente.
- Abogados de la Abogacía del Estado que emitieron el informe jurídico.
La instrucción avanza tras la declaración de Lora. Cada testimonio podría esclarecer si hubo presión política, falta de análisis técnico o vulneración de la Ley General de Subvenciones.
Datos Clave
- El rescate de Air Europa ascendió a 475 millones de euros, aprobados en noviembre de 2020.
- La querella fue presentada por el PP y Vox, y admitida por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid.
- El juez exige el expediente completo y la identificación de todos los participantes en la toma de decisión.
- El caso se enmarca en el FASEE, cuyo marco legal exige evaluación de viabilidad y garantías reales.
- La Comisión Europea aún no ha autorizado la reestructuración definitiva de la aerolínea.
El caso trasciende lo penal: pone en tensión el equilibrio entre intervención estatal urgente y rigor jurídico. En un contexto de creciente escrutinio a los fondos públicos, cada decisión de rescate se convierte en un test de gobernabilidad. La transparencia en la gestión del SEPI, como brazo industrial del Estado, ya no es opcional: es un requisito de credibilidad institucional.
