Una concentración en la Plaza de la Constitución de Málaga condena el asesinato machista de Vicky, de 51 años, ocurrido el pasado viernes en Palma-Palmilla. La organización Plataforma Violencia Cero convocó el acto para exigir justicia, visibilizar la urgencia de la crisis machista y denunciar la falta de prevención efectiva. Vicky es la segunda víctima mortal por violencia de género en la provincia este año. Su caso no tenía antecedentes en el sistema VioGén, lo que revela brechas estructurales en la evaluación de riesgo.
¿Por qué la concentración en Málaga responde a una alerta institucional?
La protesta no es una reacción aislada. Es una respuesta directa al fracaso de los mecanismos de protección. Vicky no contaba con medidas judiciales ni seguimiento activo, pese a su perfil de alta exposición: trabajadora, madre y abuela, con vínculos comunitarios sólidos. Su asesino, Francisco, de 56 años, se suicidó tras dispararle. Ambos fueron hallados con heridas de arma de fuego, en un escenario que evidencia la letalidad extrema de la violencia íntima.
El vacío entre protocolo y realidad
El sistema VioGén, diseñado para priorizar casos según riesgo, asignó categoría baja a la primera víctima de 2026 en Málaga —Victoria, de 33 años—, aunque sí tenía medidas judiciales activas. En ambos casos, los hijos estuvieron presentes durante los hechos. Esto cuestiona la efectividad de los criterios de valoración y la coordinación entre juzgados, fuerzas de seguridad y servicios sociales.
¿Qué revela el dato de 24 asesinatos en España en 2026?
La cifra nacional —24 mujeres asesinadas en lo que va de año— representa un incremento del 12 % respecto al mismo periodo de 2025. En Andalucía, ya son cinco las víctimas. Estos números no son estadísticas abstractas: son indicadores de un fracaso sistémico en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, que exige prevención, protección integral y persecución efectiva. El gasto público en políticas de igualdad en Andalucía cayó un 7,3 % en 2025, según el Informe Anual de la Consejería de Igualdad.
El impacto económico de la violencia machista
La violencia de género cuesta a España más de 1.200 millones de euros anuales, según el Instituto de la Mujer. Ese monto incluye gastos sanitarios, judiciales, pérdida de productividad y apoyo a menores huérfanos. Cada caso como el de Vicky genera al menos 180.000 € en costes directos e indirectos. La falta de inversión en intervención temprana y refuerzo de equipos especializados agrava el déficit de respuesta.
¿Cómo se articula la respuesta legal tras un asesinato machista?
Tras el crimen, se activa automáticamente la fase de investigación judicial bajo la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Pero la ley exige más: la evaluación de riesgo obligatoria, la coordinación con el equipo de valoración de riesgo y la activación de planes de protección para menores. En el caso de Vicky, no hubo denuncia previa, lo que impide activar VioGén. Sin embargo, la Ley de Garantía de la Libertad Sexual (2022) amplió los deberes de colaboración de entidades públicas —como centros sanitarios y sociales— para detectar y remitir casos de riesgo, incluso sin denuncia.
La responsabilidad de los empleadores
Vicky trabajaba en el Centro Asistencia San Juan de Dios. Su empleador emitió un comunicado de condena, pero la ley exige más: los convenios colectivos y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obligan a identificar y gestionar la violencia de género como riesgo laboral. Pocos centros sanitarios andaluces cuentan con protocolos internos certificados.
¿Qué datos clave exige la situación actual?
- Vicky es la segunda víctima mortal por violencia de género en Málaga en 2026.
- No existían antecedentes en VioGén, ni medidas judiciales previas.
- En Andalucía, ya son cinco las mujeres asesinadas en lo que va de año.
- A nivel nacional, hay 24 víctimas mortales en 2026 —1.365 desde 2003.
- El 78 % de los asesinatos machistas ocurren en el domicilio, según el Ministerio de Igualdad.
- Solo el 32 % de los municipios andaluces tienen equipos locales de igualdad con presupuesto propio.
La concentración en la Plaza de la Constitución no es un acto simbólico. Es una exigencia de reforma real: actualización de protocolos de valoración de riesgo, financiación estable para servicios de acogida y formación obligatoria en perspectiva de género para jueces, policías y profesionales sanitarios. La memoria de Vicky exige respuestas que eviten que su nombre se sume a una lista que no debe crecer.
