La Policía Nacional rescató a 300 perros y gatos de un criadero clandestino en Almayate (Vélez-Málaga) tras una operación de tres días. Dos personas fueron detenidas por maltrato animal continuado, incluyendo casos con resultado de muerte y prácticas de procreación intensiva con fines comerciales. Una veterinaria también está bajo investigación. El caso se activó tras hallar un can de raza con herida grave cerca de la finca.
¿Cómo se descubrió el criadero ilegal en Almayate?
La investigación comenzó el 2 de junio de 2026, tras una denuncia ciudadana. Una viandante encontró un perro de raza con una herida grave en un camino cercano a la finca. Los agentes de la Comisaría Local de Vélez-Málaga vincularon al animal con el recinto tras rastrear su origen.
Compradores en el exterior confirmaron la actividad comercial
Durante la vigilancia inicial, los investigadores observaron a varios compradores llegados desde distintos puntos de Andalucía. Esa actividad irregular aceleró la solicitud de un registro judicial. No había licencia municipal ni autorización de la Junta de Andalucía para la cría ni la venta de animales.
¿Qué condiciones sanitarias y legales presentaba el criadero?
El registro reveló un entorno de deterioro higiénico y sanitario extremo. No había ventilación adecuada, ni acceso a agua potable constante. Los animales presentaban infecciones cutáneas, desnutrición y estrés crónico. Muchos estaban alojados en jaulas sin suelo adecuado ni aislamiento térmico.
Falta de registro en el Registro de Centros de Cría de Andalucía
El establecimiento no figuraba en el Registro de Centros de Cría de Animales de Compañía de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Tampoco contaba con el certificado veterinario obligatorio para la comercialización de mascotas, exigido por el Real Decreto 57/2023.
¿Qué delitos se imputan a los detenidos?
Los dos detenidos enfrentan cargos por maltrato animal continuado (artículo 337 del Código Penal) y por maltrato con resultado de muerte. La acusación incluye la práctica de procreación intensiva sin control sanitario ni bienestar animal, vinculada a la obtención de ganancias ilícitas.
La veterinaria investigada actuó sin informe de bienestar
La profesional sanitaria no emitió los informes de bienestar animal exigidos cada tres meses por la normativa andaluza. Tampoco registró las castraciones ni las vacunaciones obligatorias. Su intervención se limitó a tratamientos paliativos, sin prevención ni seguimiento estructurado.
¿Cuál es el impacto económico y legal del caso?
El criadero operaba sin facturación ni control fiscal. Se estima que generaba ingresos anuales superiores a 180.000 € mediante la venta directa de cachorros y gatitos, muchos de ellos con problemas genéticos no declarados. Esto afecta al mercado legal de adopción y cría responsable, distorsionando precios y confianza del consumidor.
Datos Clave
- 300 perros y gatos rescatados en 72 horas de operación policial
- 10 asociaciones protectoras de Málaga coordinaron la atención post-rescate
- El criadero carecía de licencia municipal y registro regional obligatorio
- Se detectaron 12 casos confirmados de muerte por negligencia sanitaria
- La procreación intensiva se realizaba sin control de consanguinidad ni evaluación genética
El caso refleja una brecha crítica entre la demanda de mascotas y la fiscalización efectiva. Según datos de la Dirección General de Derechos de los Animales (2025), solo el 38 % de los criaderos andaluces están inscritos y auditados. La Ley 10/2023 de Protección Animal exige ahora inspecciones anuales obligatorias, pero la dotación de inspectores sigue por debajo del 50 % del mínimo requerido. La operación en Almayate evidencia la necesidad de reforzar la coordinación entre Policía Nacional, Servicio Andaluz de Salud y autoridades locales para prevenir redes clandestinas.
