El debate sobre la instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha vuelto al centro del escenario político español tras el auto del juez Santiago Pedraz en la causa de las ‘cloacas’ de Ferraz. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó categóricamente que su departamento haya presionado a investigadores del PSOE. Su defensa de la legalidad institucional y del respaldo incondicional a la Guardia Civil marca un contraste con prácticas documentadas en gobiernos anteriores.
¿Qué significa instrumentalizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Instrumentalizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implica usarlas con fines ajenos a su misión constitucional: garantizar la seguridad pública, proteger los derechos fundamentales y actuar con imparcialidad. Cuando se emplean para presionar, desacreditar o desviar investigaciones sensibles, se rompe el principio de neutralidad institucional.
Este uso político socava la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho. El auto de Pedraz señala que una trama interna intentó «inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO». Eso no es gestión operativa: es interferencia institucional.
El papel de la directora general de la Guardia Civil
Mercedes González, como máxima autoridad política del cuerpo, representa la línea de mando civil sobre la institución armada. Su figura es clave para garantizar que las órdenes emanen del marco legal, no de intereses partidistas. Marlaska la defendió públicamente, subrayando que no mantuvo reuniones con actores vinculados a la trama de Leire Díez.
¿Cómo se detecta la instrumentalización en la práctica?
La instrumentalización no siempre aparece como una orden explícita. Se manifiesta en patrones: traslados injustificados de agentes, bloqueo de expedientes, retrasos en la dotación de recursos o la difusión de informes sesgados. La UCO registró la Dirección General de la Guardia Civil para acceder a expedientes de agentes represaliados. Ese hecho revela una discrepancia entre discurso institucional y práctica operativa.
El precedente de la ‘policía patriótica’
Marlaska hizo referencia explícita al gobierno del Partido Popular y a Jorge Fernández Díaz. Documentos judiciales y testimonios confirman que, entre 2011 y 2016, se promovió una red de colaboración entre altos cargos y medios afines para desgastar a adversarios políticos. Esa estrategia, calificada como ‘policía patriótica’, violó el principio de reserva política exigido a los cuerpos de seguridad.
¿Qué dice la ley sobre la independencia operativa de la Guardia Civil?
La Ley Orgánica 10/2015 del Cuerpo Nacional de Policía y la Ley Orgánica 11/2015 de la Guardia Civil establecen que ambos cuerpos actúan bajo la dirección del Ministerio del Interior, pero con plena autonomía técnica en sus investigaciones. El artículo 5.2 de la Ley Orgánica 11/2015 prohíbe expresamente «cualquier injerencia externa en la actuación profesional de los miembros del Cuerpo».
Además, la Constitución española exige que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean «profesionales, independientes y al servicio de los ciudadanos» (art. 104).
El impacto económico y reputacional
Cada caso de instrumentalización genera costes reales: litigios judiciales, indemnizaciones, pérdida de eficacia operativa y desgaste de la imagen institucional. Según datos del Tribunal de Cuentas (2025), las reclamaciones por presuntas represalias contra agentes ascendieron un 37 % en los últimos tres años. Eso afecta la capacidad de atracción de talento y la inversión en formación especializada.
¿Qué garantías existen hoy para evitar la politización de la seguridad?
No basta con declaraciones de intenciones. Se requieren mecanismos objetivos: auditorías externas periódicas, transparencia en los procesos de nombramiento de altos cargos y protocolos claros de denuncia interna. El Consejo de Estado ha recomendado, en informe de marzo de 2026, la creación de una Comisión de Supervisión Ética de las Fuerzas de Seguridad, con participación parlamentaria y sociedad civil.
Datos Clave
- El auto de Santiago Pedraz vincula maniobras de ‘cloacas’ con intentos de desestabilizar la UCO.
- La UCO realizó registros en la Dirección General de la Guardia Civil para investigar represalias a agentes.
- La Ley Orgánica 11/2015 prohíbe expresamente la injerencia externa en la actuación profesional.
- Las reclamaciones por represalias contra agentes subieron un 37 % desde 2023 (Tribunal de Cuentas, 2025).
- El Consejo de Estado propuso una Comisión de Supervisión Ética con participación parlamentaria.
El marco legal existe. Lo que falta es su aplicación rigurosa, sin excepciones ni cronologías políticas. La seguridad pública no es un activo partidista: es un derecho constitucional que exige neutralidad, transparencia y rendición de cuentas.
