Un repartidor de Burger King fue despedido en 2024 por no usar el Equipo de Protección Individual (EPI) completo. La Justicia lo declaró improcedente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó que la sanción fue desproporcionada. No hubo reiteración probada ni perjuicio real para la empresa. La medida más grave no estaba justificada frente a una infracción aislada.
¿Por qué el despido fue declarado improcedente?
El Tribunal valoró que el incumplimiento —no usar la chaqueta y pantalón reglamentarios— no alcanzaba la gravedad exigida para una extinción disciplinaria. La normativa aplicable exige que la falta sea muy grave, reiterada o causante de perjuicio efectivo. Ninguno de esos elementos se acreditó.
La Sala destacó que existían alternativas proporcionales: suspensión de empleo y sueldo, amonestación escrita o formación complementaria. Optar por el despido directo vulneró el principio de proporcionalidad sancionadora, exigido por el Estatuto de los Trabajadores.
¿Qué dice el convenio colectivo del sector?
El convenio de hostelería establece que el uso incompleto de EPI es falta grave solo si se repite, afecta gravemente la seguridad o daña la imagen o intereses económicos de la empresa. En este caso, no se probó que el trabajador hubiera incumplido antes. Tampoco se aportó prueba de daño reputacional, accidente o reclamación de cliente.
¿Qué implica el EPI en reparto a domicilio?
El EPI obligatorio para repartidores en moto incluye chaqueta, pantalón, guantes y casco homologado. Su finalidad no es estética: protege contra impactos, abrasiones y condiciones climáticas. Sin embargo, su uso debe articularse con garantías reales de suministro, mantenimiento y formación.
La empresa no demostró haber facilitado el uniforme en condiciones operativas. Tampoco acreditó que el trabajador hubiera rechazado su entrega o uso tras advertencia previa.
¿Qué dice la jurisprudencia reciente?
Los tribunales exigen cada vez más rigor probatorio en despidos por incumplimiento de normas de seguridad. Desde 2023, más de 12 sentencias del TSJ de Madrid y Barcelona anulan despidos similares por falta de documentación de reiteración o daño. La prueba documental —actas de advertencia, registros de entrega de EPI, informes de riesgo— es ahora imprescindible.
¿Cuál es el impacto económico de estos despidos improcedentes?
Un despido declarado improcedente obliga a la empresa a pagar indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. En este caso, el trabajador llevaba desde 2017: más de 7 años de antigüedad. El coste estimado supera los 28.000 euros, sin contar costas procesales.
Además, el fallo afecta la reputación corporativa. En redes sociales y plataformas como Glassdoor, casos similares generan críticas sobre condiciones laborales y gestión de recursos humanos. El sector de la food delivery ya enfrenta presión regulatoria por precariedad y falta de protección real.
¿Qué marco legal regula el uso del uniforme?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) obliga a las empresas a proporcionar EPI adecuado y gratuito. El Estatuto de los Trabajadores (art. 58) exige que las sanciones disciplinarias sean proporcionales y graduadas. El Convenio Colectivo de Hostelería detalla las faltas graves y muy graves, vinculando su calificación a efectos objetivos, no a meras formalidades.
¿Qué deben hacer las empresas de delivery para evitar riesgos legales?
- Implementar un registro digital de entrega y devolución de EPI, con firma y fecha.
- Aplicar un sistema escalonado de sanciones: advertencia verbal → escrita → suspensión → despido.
- Capacitar a supervisores en gestión disciplinaria conforme a E-E-A-T: experiencia, experiencia práctica, autoridad y confianza.
- Revisar periódicamente los protocolos de seguridad para asegurar que sean técnicamente viables y socialmente aplicables.
Datos Clave
- El despido se produjo el 6 de septiembre de 2024, tras una única incidencia el 25 de agosto.
- El trabajador llevaba más de 7 años en la empresa.
- El TSJ de Madrid ratificó la sentencia de primera instancia sin modificaciones.
- No se aportó prueba de reiteración, daño reputacional o riesgo real derivado del incumplimiento.
- La indemnización por improcedencia supera los 28.000 euros.
- El fallo refuerza la exigencia judicial de prueba documental sólida en sanciones disciplinarias.
La sentencia marca un precedente claro: la exigencia formal del uniforme no justifica por sí sola el despido. La proporcionalidad, la prueba y la gradualidad son ahora pilares ineludibles en la gestión laboral del sector food delivery.
