Begoña Gómez declaró ante la Fiscalía Europea en Madrid para esclarecer su vinculación con contratos públicos adjudicados con fondos comunitarios a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. La esposa del presidente del Gobierno negó haber intervenido, directa o indirectamente, en la concesión de los 8,4 millones de euros otorgados por Red.es. Su testimonio forma parte de una investigación abierta en 2024 sobre irregularidades en licitaciones relacionadas con formación digital y empleo juvenil.
¿Qué afirmó Begoña Gómez sobre su relación con los contratos de Barrabés?
Gómez declaró que no mantuvo contacto alguno con cargos del Gobierno ni con funcionarios de Red.es para influir en las adjudicaciones. Aclaró que su relación con Barrabés se limitó al ámbito académico: ambos codirigieron la cátedra de Transformación Digital en la Universidad Complutense de Madrid entre 2020 y 2024. Su participación en cartas de recomendación se enmarcó en su rol como docente, no como intermediaria institucional.
¿Qué contratos están bajo investigación?
Los dos contratos centrales son:
- ‘Formación empleo juvenil para la economía digital’.
- ‘Servicio de formación para personas desempleadas’.
Ambos fueron adjudicados a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Innova Next y The Valley Digital Business School. Las cartas de recomendación firmadas por Gómez y otros académicos incrementaron la puntuación subjetiva de la oferta, clave para su adjudicación.
¿Qué papel juega la Fiscalía Europea en este caso?
La Fiscalía Europea (FUE) actúa porque los fondos provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Su competencia se activa automáticamente ante sospechas de fraude o malversación de recursos comunitarios. En España, la FUE cuenta con una delegación operativa en Madrid, con poderes para investigar, citar testigos y coordinarse con jueces nacionales como Juan Carlos Peinado.
¿Qué implicaciones tiene el rol de Red.es?
Red.es es una entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Su director de Economía Digital, Luis Prieto, está investigado junto con Barrabés. El organismo gestionó los contratos bajo el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), lo que exige cumplimiento estricto de la Directiva 2014/24/UE de contratación pública y del Reglamento (UE) 2021/241.
¿Cuál es el impacto económico y legal de este caso?
Los 8,4 millones en juego representan una fracción significativa de los 1.500 millones del eje digital del PRTR. Cualquier irregularidad afecta la credibilidad del sistema de control de fondos europeos en España. Desde el punto de vista legal, el caso pone a prueba la aplicación del principio de transparencia activa y la prohibición de conflictos de interés recogida en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
¿Qué dice la normativa sobre recomendaciones académicas en licitaciones?
Las cartas de recomendación son válidas si no implican influencia indebida ni violan la neutralidad del procedimiento. Sin embargo, su uso en contratos con fondos europeos exige documentación rigurosa y evaluación objetiva. La FUE investiga si su inclusión alteró la igualdad de condiciones entre licitadores.
¿Qué datos clave debe conocer sobre esta investigación?
- La Fiscalía Europea abrió la causa en abril de 2024, tras detectar anomalías en la valoración subjetiva de la UTE.
- Begoña Gómez fue citada como testigo, no como imputada.
- Las cartas de recomendación firmadas por Gómez fueron emitidas en su condición de codirectora de cátedra, no como representante institucional.
- El juez Juan Carlos Peinado instruye una causa paralela por prevaricación y fraude a la Unión Europea.
- Red.es aplicó el criterio de valoración subjetiva del 30 %, donde las cartas tuvieron peso decisivo.
El caso refleja la tensión entre colaboración académica y rigor institucional en la gestión de fondos europeos. Su resolución influirá en futuras auditorías del PRTR y en la percepción internacional de la gobernanza española. La transparencia en la adjudicación de contratos con dinero comunitario ya no es un requisito técnico: es una condición de confianza política y financiera.
