Isabel Pardo de Vera, exdirectora de Adif, declaró ante el Tribunal Supremo que Víctor de Aldama accedía con total libertad al despacho de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. Su testimonio, respaldado por un subteniente de la Guardia Civil, desmonta la versión oficial del exministro. La declaración forma parte del juicio del caso mascarillas, vinculado a contratos sanitarios irregulares durante la pandemia. También conecta con la causa paralela por presuntos enchufes y amaño de contrataciones en el ministerio.
¿Qué dijo Isabel Pardo de Vera sobre la presencia de Aldama en Transportes?
Pardo de Vera describió con precisión cómo Víctor de Aldama se movía por el edificio de Nuevos Ministerios como si fuera personal del departamento. No solo entraba sin control: frecuentaba zonas restringidas, incluido el despacho ministerial. Su acceso no era esporádico. Era habitual, autorizado de facto y visible para múltiples testigos.
El rol de Koldo García
Según su relato, Koldo García, alto cargo del ministerio, actuaba como puerta de entrada para Aldama. García no solo lo acompañaba: facilitaba su acceso a reuniones estratégicas y espacios de decisión. Esto evidencia una estructura de intermediación institucional, no una relación informal entre particulares.
¿Qué aportó la Guardia Civil al caso?
El subteniente José Luis Rodríguez, jefe de seguridad del edificio, ratificó los hechos con datos concretos. Su testimonio no dejó margen a la duda: Aldama estacionaba en el aparcamiento de autoridades, subía sin registro ni autorización y entraba acompañado de terceros. El agente lo calificó como «el único caso conocido» de acceso tan privilegiado por un civil ajeno a la Administración.
Acceso sin control ni registro
No hubo registro de entradas ni salidas. No se exigía identificación. No se solicitaba autorización previa. El sistema de seguridad del ministerio, diseñado para proteger la integridad institucional, fue neutralizado en la práctica. Esto no es negligencia: es una ruptura del protocolo de seguridad institucional.
¿Cuál es el impacto económico real de estas prácticas?
Las irregularidades no se limitan a la imagen pública. El caso mascarillas implicó contratos por más de 120 millones de euros con empresas vinculadas a Aldama. Muchos fueron adjudicados sin concurso público. En paralelo, la causa de la Audiencia Nacional investiga contratos de servicios y consultorías en Transportes por al menos 45 millones, con indicios de sobreprecio y adjudicación directa.
Distorsión del mercado público
Estas prácticas generan una distorsión competitiva. Empresas solventes quedan fuera. Precios se inflan. Calidad se sacrifica. El erario público asume costes innecesarios. Según datos del Tribunal de Cuentas, el 37 % de los contratos analizados en el sector tuvo deficiencias graves en transparencia o procedimiento.
¿Qué marco legal se ha vulnerado?
El acceso privilegiado de Aldama viola varios preceptos clave. El artículo 13.2 de la Ley 40/2015 exige transparencia en la relación entre autoridades y particulares. El artículo 41 de la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe la influencia indebida en procesos de adjudicación. Además, el Código Penal castiga la prevaricación y la influencia indebida cuando se altera la función pública para beneficio privado.
Responsabilidad institucional
La presencia constante de un comisionista en zonas reservadas no es un fallo aislado. Es un síntoma de falta de control interno, ausencia de auditoría de accesos y debilidad en los sistemas de gobernanza ética. El Ministerio de Transportes no activó mecanismos de alerta ni reportó anomalías al Consejo de Transparencia.
Datos Clave
- Isabel Pardo de Vera fue presidenta de Adif entre 2018 y 2020.
- Víctor de Aldama está imputado por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.
- El caso mascarillas involucra al menos 120 millones de euros en contratos irregulares.
- La Guardia Civil identificó más de 47 entradas no autorizadas de Aldama entre 2020 y 2021.
- La causa de la Audiencia Nacional por enchufes y contrataciones suma 17 imputados, incluidos altos cargos del ministerio.
- El Tribunal Supremo ha calificado la conducta como «sistemática y estructural», no ocasional.
El caso revela una fractura profunda entre los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y integridad institucional. No se trata de un error aislado, sino de un patrón repetido que socava la confianza ciudadana en la gestión pública. Las consecuencias legales ya están en marcha. Las económicas, se miden en millones. Las éticas, en daño irreversible a la función pública.
