El Gobierno español ha aprobado una regularización extraordinaria que afecta a cerca de 840.000 personas en situación irregular. Esta medida, la más ambiciosa en 20 años, busca integrar a quienes residen en el país sin permiso legal, cumpliendo requisitos mínimos de permanencia y ausencia de antecedentes penales. El cambio refleja una España donde casi uno de cada cinco habitantes nació fuera de sus fronteras.
¿Qué exige la regularización extraordinaria de 2026?
La nueva norma permite acceder al permiso de residencia a mayores de edad que hayan entrado en España antes de 2026, hayan permanecido al menos cinco meses en el territorio y presenten un pasaporte o documento de identidad válido o caducado. No se exige contrato laboral ni vínculo familiar previo.
Esta flexibilidad marca un giro respecto a procesos anteriores, que exigían pruebas de empleo estable o arraigo documentado. La medida se enmarca en una estrategia de gestión migratoria activa, no reactiva.
Requisitos clave para acceder
- Edad mínima: 18 años.
- Entrada en España antes de 1 de enero de 2026.
- Permanencia continuada o discontinua de al menos cinco meses.
- Ausencia de antecedentes penales en España y en países de origen.
- Presentación de documento de identidad (vigente o vencido).
¿Cómo ha evolucionado la población extranjera en España?
En 2002, solo el 5% de los residentes en España había nacido en el extranjero. Hoy, esa cifra supera el 19,26%, según el INE. Los 9,5 millones de nacidos fuera representan casi 20% de los 50 millones de habitantes del país.
Este crecimiento no ha sido lineal. Tras la crisis del ladrillo y la Gran Recesión, hubo una pausa. Desde 2015, la tendencia se reactivó con fuerza, impulsada por demanda laboral en sectores como agricultura, construcción y servicios.
Disparidad territorial: de Extremadura a Baleares
La distribución no es uniforme. Mientras Extremadura registra el menor porcentaje (6,02%), Baleares lidera con el 28,68%. Madrid concentra el mayor volumen absoluto, con más de 1,3 millones de nacidos en el extranjero. Esta dispersión revela patrones de empleo, redes comunitarias y políticas locales de acogida.
¿Cuál es el impacto económico de esta regularización?
La economía informal absorbe a gran parte de los 840.000 afectados. Su integración formal puede incrementar la recaudación tributaria en hasta 1.200 millones de euros anuales, según estimaciones del Banco de España. Además, se prevé una mejora en la productividad del sector agrícola y de la construcción, donde la rotación laboral es alta y la contratación irregular, endémica.
La regularización también reduce la vulnerabilidad laboral. Sin permiso, los trabajadores carecen de acceso a la Seguridad Social, lo que implica costes ocultos para el sistema sanitario y de pensiones.
Marco legal y práctico actual
La medida se sustenta en el Real Decreto-Ley 12/2026, que modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros. No es una amnistía, sino un procedimiento administrativo excepcional, con plazo cerrado y evaluación individualizada. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lidera la tramitación, con apoyo de ONG y entidades locales.
¿Qué datos clave debes conocer sobre la regularización?
- Más de 840.000 personas viven en España sin estatus legal, según Funcas.
- El número de nacidos en el extranjero pasó del 5% en 2002 al 19,26% en 2025.
- La regularización exige cinco meses de permanencia, no empleo previo.
- No se requiere nacionalidad española, pero sí documentación de identidad.
- El proceso se cierra en 12 meses desde su entrada en vigor.
Datos Clave
- La cifra de personas en situación irregular se multiplicó por ocho desde 2017.
- El 20% de la población actual nació fuera de España.
- Baleares registra la mayor proporción (28,68%), Extremadura la menor (6,02%).
- La medida se aplica bajo el Real Decreto-Ley 12/2026, no como amnistía.
- Se estima un impacto fiscal positivo de más de 1.200 millones de euros/año.
