Una red criminal lituana operaba desde la Axarquía hasta Almería para robar, ocultar y falsificar vehículos de alta demanda. La Policía Nacional desarticuló la organización tras una investigación de meses. Seis personas fueron detenidas. Cuatro están en prisión provisional. Los coches robados se vendían como legales en España y otros países europeos. El fraude afectó a marcas japonesas de bajo kilometraje y alto valor residual.
¿Qué es la operación Cabo y por qué se centró en Málaga?
La operación Cabo fue liderada por el grupo UDYCO de la Comisaría de Vélez-Málaga. Se activó tras un pico inusual de denuncias por robo de vehículos en la Axarquía. Todos los coches tenían características idénticas: misma marca japonesa, menos de 20.000 km y poca antigüedad. Esa uniformidad alertó a los agentes.
Los robos no eran aleatorios. Se planificaban con precisión geográfica y técnica. La Axarquía fue elegida por su dispersión urbana, baja densidad policial y alta rotación de turistas y residentes extranjeros. Esto facilitaba la vigilancia discreta y la retirada rápida de los vehículos.
El rol estratégico de Almería
La cúpula de la red no actuaba desde Málaga. Operaba desde Almería, donde se concentraban los líderes lituanos. Allí se gestionaban los traslados, la falsificación de documentación y la coordinación logística con compradores en Francia, Alemania y Polonia.
¿Cómo se ocultaban y falsificaban los coches robados?
Los vehículos eran trasladados a zonas rurales aisladas tras el robo. Allí permanecían durante días o semanas. Este periodo se conoce como enfriamiento. Su objetivo: borrar rastros digitales y evitar alertas en sistemas de localización GPS o antirrobo.
Una vez «enfriados», los coches se movían a talleres clandestinos en Almería. Allí se realizaba la falsificación documental: cambio de números de bastidor, sustitución de placas, alteración de fichas técnicas y emisión de certificados de conformidad falsos.
Técnicas de maquillaje legal
- Se reemplazaban los VIN originales por números de vehículos siniestrados o dados de baja.
- Se falsificaban certificados de inspección técnica (ITV) mediante sobornos o suplantación de técnicos.
- Se generaban facturas de compra-venta ficticias con empresas pantalla registradas en Alicante y Mijas.
¿Cuál es el impacto económico y legal de este tipo de redes?
Cada vehículo robado y reconvertido generaba entre 12.000 y 25.000 euros de beneficio neto. La red movió al menos 47 coches en 11 meses. Eso representa un volumen ilícito cercano a los 800.000 euros.
Desde el punto de vista legal, la operación incumplió múltiples normativas: la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (artículos 240 y 241 sobre robo con violencia y receptación), el Reglamento (UE) 2018/858 sobre homologación de vehículos y la Directiva 2007/46/CE sobre documentación técnica.
Marco jurídico aplicable
- La falsificación de números de bastidor es delito autónomo con pena de hasta 6 años.
- La venta transfronteriza de vehículos con documentación fraudulenta activa mecanismos de cooperación judicial europea (Eurojust y Europol).
- Los talleres implicados pierden la autorización administrativa de forma inmediata bajo el Real Decreto 1094/2022.
¿Qué papel juega la Policía Nacional en la lucha contra el tráfico transnacional de vehículos?
El grupo UDYCO (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) es la unidad especializada en delitos patrimoniales complejos. Su intervención en la Axarquía forma parte de un plan estratégico nacional contra el robo de vehículos de alta gama.
En 2025, el 38 % de los robos de coches en Andalucía tuvieron destino final en países de la UE. La Policía Nacional ha reforzado los controles en puertos y fronteras terrestres con sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) y bases de datos compartidas con Interpol.
Datos Clave
- Seis detenidos: cuatro en prisión provisional y dos en libertad con cargos.
- Cuatro provincias implicadas: Málaga, Almería, Alicante y Cádiz (como punto de embarque).
- 47 vehículos identificados como sustraídos y reconvertidos.
- Uso de al menos 12 empresas pantalla para blanquear transacciones.
- Colaboración con Europol desde febrero de 2025 para rastrear compradores en Polonia y Lituania.
El caso evidencia cómo las redes criminales aprovechan lagunas en la trazabilidad de vehículos usados. La falta de integración entre registros nacionales de ITV, DGT y agencias de consumo dificulta la detección temprana. La solución pasa por la digitalización obligatoria de historiales técnicos y la interoperabilidad de bases de datos entre Estados miembros.
