La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, se ha convertido en una figura clave en la investigación sobre la tragedia de la DANA, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024 en el País Valencià. Su enfoque empático hacia las víctimas ha sido destacado por muchos, incluyendo abogados que representan a las familias afectadas. Este año de instrucción ha estado marcado por la búsqueda de justicia para los 229 fallecidos y la necesidad de esclarecer las responsabilidades de los funcionarios implicados.
La capacidad de la jueza para conectar emocionalmente con las víctimas ha sido un aspecto notable de su labor. Durante las declaraciones, se ha observado cómo Ruiz Tobarra no solo escucha, sino que también se involucra emocionalmente, ofreciendo consuelo a quienes han perdido a sus seres queridos. Este «plus de empatía» ha sido mencionado por abogados como Joan Comorera, quien representa a la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas del sindicato CGT. La jueza ha sido elogiada por su sensibilidad y cercanía, lo que ha generado un ambiente de confianza en el tribunal.
Sin embargo, la investigación no ha estado exenta de controversias. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está evaluando una queja presentada por el exjuez Eduardo de Urbano, abogado de la exconsellera Salomé Pradas, contra Ruiz Tobarra. Esta queja incluye acusaciones de supuesta parcialidad y la implicación de su marido, también juez, en el proceso. Además, un pseudosindicato ha presentado una querella por presunta prevaricación, lo que ha añadido un nivel de tensión al caso.
### La Investigación y las Pruebas Reveladoras
La instrucción ha revelado detalles alarmantes sobre la gestión de la crisis por parte de los funcionarios implicados. Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, y Salomé Pradas, exconsellera de Interior, están bajo investigación por no haber tomado las decisiones adecuadas para proteger a la población durante la DANA. Los vídeos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) han sido fundamentales en este proceso, mostrando que Pradas mintió en su declaración sobre su participación en el mensaje de alerta enviado a los móviles de los ciudadanos.
Uno de los vídeos muestra a Pradas dando instrucciones sobre el contenido del mensaje de alerta, lo que contradice su afirmación de que no tuvo participación en su redacción. Este tipo de pruebas ha llevado a los abogados a considerar que la exconsellera y Argüeso podrían haber actuado con negligencia, lo que ha intensificado la presión sobre ellos y ha complicado su defensa.
El exsecretario Argüeso ha cambiado su estrategia legal, ahora atacando a la Conselleria de Medio Ambiente por no haber proporcionado el apoyo necesario durante la crisis. Su abogado ha solicitado que se investigue la comunicación entre las distintas consellerias para determinar si se ofreció la ayuda prometida. Este cambio de táctica sugiere que Argüeso busca distanciarse de la narrativa oficial del gobierno de Carlos Mazón, en un intento por proteger su propia posición.
### La Responsabilidad de los Funcionarios
La instrucción de la jueza Ruiz Tobarra ha puesto de manifiesto la falta de acción por parte de los funcionarios responsables en un momento crítico. La declaración del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien se ha desvinculado de las decisiones tomadas por Pradas, ha generado un gran revuelo. Mazón ha afirmado que nunca dio instrucciones a su exconsellera, lo que ha sido interpretado por las víctimas como un intento de eludir responsabilidades.
La situación se complica aún más con la próxima declaración de la periodista Maribel Vilaplana, quien estuvo presente en una comida con Mazón el día de la DANA. Su testimonio podría arrojar luz sobre la toma de decisiones y la posible inacción del presidente durante la crisis. La jueza ha sido cautelosa al abrir esta línea de investigación, consciente de las limitaciones legales que enfrenta al tratar con un funcionario aforado como Mazón.
La instrucción se ha prorrogado hasta abril de 2026, y se espera que continúe revelando más detalles sobre la gestión de la crisis. Aún quedan por declarar numerosos familiares de las víctimas y alcaldes de las localidades afectadas, lo que podría proporcionar información crucial sobre la respuesta a la DANA. La presión sobre los funcionarios implicados sigue aumentando, y la búsqueda de justicia para las víctimas se mantiene como una prioridad en este complejo caso judicial.
