El encarecimiento de la cesta de la compra ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una preocupación constante para miles de familias. Un reciente informe del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) revela que este aumento no solo se debe a factores globales y a la inflación, sino que está profundamente ligado a la estructura oligopolística del sistema agroalimentario. Este modelo, dominado por grandes corporaciones, busca maximizar beneficios a expensas de la calidad de vida de los consumidores, especialmente aquellos con menos recursos económicos.
### La Estructura Oligopolística y sus Consecuencias
El informe destaca que el sistema agroalimentario en España está controlado por un pequeño número de grandes empresas que concentran el poder de decisión. Esta concentración de mercado ha llevado a un incremento de precios que afecta desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos. Según el estudio, los precios de los alimentos en la Eurozona han aumentado un 33% entre 2019 y 2024, mientras que en España el incremento ha sido del 34%. Productos básicos como la leche, el café y el aceite de oliva han visto aumentos de precios que oscilan entre el 30% y el 50%.
El informe también menciona el fenómeno conocido como ‘cheapflation’, donde los productos más económicos son los que más han incrementado su precio. En este contexto, las familias con menos recursos se ven obligadas a sustituir alimentos de calidad por opciones más baratas, que, aunque inicialmente parecen más accesibles, también están sujetas a la inflación. Esta situación no solo afecta el poder adquisitivo de estas familias, sino que también tiene repercusiones en su salud, ya que una dieta saludable suele ser más costosa.
La precariedad laboral es otro factor que agrava esta situación. Muchos trabajadores del sector alimentario reciben salarios por debajo de la media nacional, lo que limita aún más su capacidad de compra. El informe señala que el 60% de las personas con rentas bajas en Barcelona sufren de obesidad o sobrepeso, lo que pone de manifiesto la relación entre la calidad de la alimentación y el nivel de ingresos.
### Estrategias Corporativas y Propuestas de Cambio
El IDRA no solo analiza el problema, sino que también propone soluciones para revertir esta situación. Una de las principales recomendaciones es la necesidad de un control público más efectivo sobre el sistema alimentario. Esto incluye la creación de infraestructuras públicas de distribución y la implementación de regulaciones que aseguren precios justos en productos esenciales. La propuesta de establecer un sistema de monitorización pública de precios de alimentos básicos es fundamental para garantizar que los consumidores no sean explotados por las grandes corporaciones.
Además, el informe sugiere que se deben garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector agroalimentario. Esto implica la aprobación de leyes que regulen la contratación de trabajadores temporeros y la mejora de las condiciones laborales en general. La precariedad laboral es un problema estructural que debe ser abordado para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas.
Por otro lado, el IDRA también aboga por regular los mercados financieros y de futuros agrícolas, ya que la especulación en estos mercados ha contribuido a la volatilidad de los precios de los alimentos. Durante los picos de inflación entre 2021 y 2022, las grandes multinacionales del sector agrícola registraron beneficios récord, lo que indica que el sistema actual favorece a unos pocos a costa de la mayoría.
Finalmente, el informe concluye que la alimentación no debería ser vista como un simple acto de consumo, sino como un derecho colectivo que requiere planificación pública y soberanía alimentaria. Esto implica un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la producción y distribución de alimentos, priorizando el bienestar de la población sobre los beneficios económicos de las grandes corporaciones.
El análisis del IDRA pone de manifiesto la necesidad urgente de un cambio en el sistema agroalimentario para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a alimentos de calidad a precios justos. La lucha contra la inflación y el encarecimiento de la cesta de la compra es, en última instancia, una cuestión de justicia social y equidad económica.
