En Andalucía, la situación en torno a los retrasos en los cribados de cáncer ha generado un fuerte debate político y social. La oposición ha decidido tomar medidas legales, interponiendo denuncias ante la Fiscalía General y la Fiscalía Superior de Andalucía. Estas acciones buscan investigar lo que consideran una grave dejación de funciones por parte del Gobierno andaluz, específicamente en el programa de detección temprana de cáncer de mama. La denuncia presentada por Adelante Andalucía destaca la existencia de indicios de delitos relacionados con lesiones y homicidios por imprudencia grave, así como la omisión de servicios públicos esenciales.
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sido claro al afirmar que hay una acción negligente por parte de la Junta de Andalucía. Según él, las autoridades responsables de la Consejería de Salud han actuado de manera consciente al no cumplir con sus deberes, lo que ha puesto en riesgo la vida de muchas mujeres. Esta denuncia no solo se dirige a la actual consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, sino también a su antecesora, Catalina García, y otros altos funcionarios del sistema de salud andaluz.
Por su parte, IU Andalucía también ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado, solicitando una investigación sobre la gestión de los últimos tres consejeros de Salud, incluyendo a Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento andaluz. La formación política argumenta que si alguna mujer ha fallecido a causa de la falta de atención en los cribados, se podría estar ante un caso de homicidio imprudente. Además, se mencionan otros posibles delitos, como lesiones imprudentes y la omisión de prestar servicios sanitarios adecuados.
La situación ha llevado a la asociación Amama, que representa a las mujeres afectadas por esta problemática, a considerar la presentación de una denuncia colectiva. Ángela Claverol, presidenta de la asociación, ha expresado su preocupación por las vidas que se han perdido debido a los retrasos en las pruebas complementarias. En una reciente reunión, Claverol compartió el dolor de las familias afectadas, mencionando casos trágicos de mujeres que han fallecido mientras esperaban atención médica. La asociación ha comenzado a recibir apoyo económico para facilitar que las mujeres se realicen las pruebas en el sector privado, dada la urgencia de la situación.
El apoyo de otros partidos políticos también ha sido notable. La portavoz parlamentaria adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha respaldado las denuncias y ha instado a que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, rinda cuentas tanto en las urnas como en los juzgados. Férriz ha criticado la gestión del Gobierno andaluz, acusándolo de poner en riesgo la vida de las mujeres afectadas por su falta de acción.
En respuesta a las acusaciones, el Gobierno andaluz ha anunciado un plan de choque para abordar de manera urgente los fallos detectados en el programa de cribado. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, ha defendido la actuación del Gobierno, afirmando que su prioridad es garantizar una respuesta rápida y eficaz a la crisis. Sin embargo, ha criticado a la oposición por lo que considera un intento de obtener rédito político a costa de la salud pública.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido que se asuman responsabilidades máximas por la «negligencia clarísima» del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en este asunto. La presión sobre el Gobierno andaluz sigue aumentando, y la situación se ha convertido en un tema candente en la agenda política de la región.
La crisis en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía no solo ha puesto de manifiesto las deficiencias en la atención sanitaria, sino que también ha generado un debate más amplio sobre la gestión de la salud pública en la comunidad. Las denuncias y la movilización de las asociaciones de mujeres afectadas reflejan la urgencia de abordar esta problemática y garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger la salud de la población. A medida que la situación evoluciona, será crucial observar cómo responden tanto el Gobierno andaluz como las instituciones judiciales ante estas acusaciones y la creciente presión social.
