La reciente reunión entre la Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto de manifiesto las tensiones existentes en torno al proceso de estabilización de los jueces interinos en España. Este encuentro, que tuvo lugar el 19 de septiembre, se centró en la tramitación de la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial, un proyecto legislativo que ha generado un amplio debate en el ámbito judicial.
La APJI ha expresado su apoyo al proyecto de ley, que busca poner fin a la precariedad laboral que han sufrido los jueces interinos durante más de tres décadas. Sin embargo, la asociación también ha manifestado su preocupación por el hecho de que el proceso de estabilización no esté limitado únicamente a este colectivo, sino que se abra a cualquier jurista con cinco años de experiencia. Esto ha llevado a la APJI a cuestionar la efectividad del proceso, argumentando que no se trata de una verdadera estabilización, sino de un nuevo modelo de acceso a la carrera judicial que podría dejar de lado a quienes han estado en situación de abuso temporal.
En España, hay aproximadamente 954 jueces interinos, de los cuales alrededor del 80% son mujeres. Esta situación ha generado un clamor por parte de los afectados, quienes han solicitado que el proceso de estabilización se circunscriba exclusivamente a los jueces sustitutos y magistrados suplentes. La APJI ha argumentado que estos son los únicos que han ejercido funciones jurisdiccionales en condiciones de precariedad y que, por lo tanto, merecen una solución justa y proporcionada que reconozca sus años de servicio.
El proyecto de ley contempla un proceso extraordinario de estabilización que ofrecerá 1.004 plazas. Sin embargo, el ministro Bolaños ha aclarado que este proceso se llevará a cabo a través de un concurso-oposición, lo que ha generado críticas por parte de la APJI. La asociación ha señalado que condicionar la consolidación a una única prueba eliminatoria no garantiza la protección del colectivo que ha sufrido abusos laborales, en contraposición a lo que establece la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La APJI ha solicitado que se reconozcan los servicios prestados al Estado por parte de los jueces interinos y que se ponga fin a una situación laboral insostenible. En este sentido, han criticado la indemnización propuesta para quienes no superen la prueba, considerándola insuficiente y contraria a los estándares europeos de protección frente al fraude en la contratación temporal. El proyecto de ley establece una indemnización de 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades, lo que ha sido calificado como irrisorio por la APJI.
En el contexto de esta problemática, es importante destacar que la situación de los jueces interinos no es un fenómeno aislado. A nivel europeo, muchos países enfrentan desafíos similares en cuanto a la regulación de la temporalidad en el empleo público. La falta de estabilidad laboral no solo afecta a los jueces, sino que también tiene repercusiones en la calidad de la justicia y en la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
La APJI ha hecho un llamado a la reflexión sobre la necesidad de implementar medidas que garanticen la estabilidad y la dignidad laboral de los jueces interinos. La asociación sostiene que la solución a esta problemática no debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho que debe ser garantizado por el Estado. En este sentido, han instado al ministro Bolaños a considerar sus demandas y a trabajar en un proceso de estabilización que realmente aborde las necesidades del colectivo.
La reunión entre la APJI y el ministro Bolaños es solo un capítulo en una larga historia de lucha por la dignidad laboral de los jueces interinos en España. A medida que avanza la tramitación de la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial, será crucial seguir de cerca el desarrollo de este proceso y las respuestas que se den a las demandas de quienes han estado en la primera línea del sistema judicial durante años, a menudo en condiciones de precariedad. La forma en que se resuelva esta situación no solo impactará a los jueces interinos, sino que también tendrá implicaciones significativas para el futuro del sistema judicial en su conjunto.
