En un contexto de creciente preocupación por la gestión de los incendios forestales en Castilla y León, alrededor de 300 personas se congregaron frente a las Cortes de la comunidad el pasado 29 de agosto de 2025. La manifestación, que comenzó a las 10:30 horas, se llevó a cabo justo antes de un pleno extraordinario en el que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, debía comparecer. Los manifestantes, en su mayoría bomberos forestales y agentes medioambientales, exigieron un operativo público y estable durante todo el año, así como la dimisión de Mañueco y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La protesta se centró en la gestión de incendios que han devastado miles de hectáreas en varias provincias de la comunidad en las últimas semanas. Los asistentes al evento hicieron uso de pancartas que decían ‘Mala gestión. Mañueco dimisión’ y ‘Ley de bomberos forestales ya. Operativo todo el año’, además de realizar actos simbólicos como quemar paja y neumáticos, y hacer sonar motosierras sin cadena para representar las dificultades que enfrentan en su trabajo diario. La situación ha puesto de manifiesto la falta de una política medioambiental efectiva y de prevención por parte de la Junta, según los organizadores de la protesta.
### Críticas a la Falta de Recursos y Planificación
Los colectivos y organizaciones que convocaron la manifestación han señalado que, aunque muchos incendios pueden ser inevitables, no son imprevisibles. Recordaron que hace tres años, la Sierra de la Culebra sufrió un incendio que ya había motivado informes técnicos que recomendaban acciones urgentes. A su juicio, lo ocurrido este verano ha evidenciado que la Junta carece de una política medioambiental adecuada y de planes específicos para comarcas vulnerables como Las Médulas.
Las críticas se han centrado en la falta de recursos logísticos básicos para atender a las brigadas de bomberos durante jornadas maratonianas de trabajo. Además, los manifestantes reprocharon al consejero de Medio Ambiente que confiara en la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en apoyos externos, en lugar de dotar a Castilla y León de los recursos necesarios para hacer frente a la crisis. Esta situación ha sido calificada como una ‘política de privatización, inacción y enajenación de responsabilidad’, que ha resultado en un desastre para la comunidad.
Entre los firmantes del comunicado de protesta se encuentran diversas organizaciones, como Acción Castilla y León, la Alianza Verde, y Ecologistas en Acción, así como partidos políticos como Izquierda Unida y Podemos. Todos ellos han coincidido en que la Junta ha ignorado durante años la necesidad de aprobar una ley de prevención y de asegurar una plantilla estable de bomberos forestales.
### Ignorancia de las Propuestas de Agentes Forestales
Durante los primeros días de la crisis de incendios, la Junta de Castilla y León llegó a rechazar hasta seis ofrecimientos de agentes forestales que solicitaron suspender sus vacaciones para colaborar en las tareas de extinción. A pesar de que varios de ellos registraron formalmente sus peticiones, no obtuvieron respuesta. La situación cambió el 17 de agosto, cuando la Dirección General de Patrimonio Natural envió un mensaje a los jefes de servicio pidiendo de manera ‘urgente’ que se reincorporara al personal de vacaciones. Sin embargo, el presidente Mañueco había defendido previamente que ‘no faltaban medios’ y que el problema radicaba en las ‘circunstancias meteorológicas excepcionales’.
La consejería de Medio Ambiente llegó a desmentir las ofertas de colaboración de los agentes forestales, tildándolas de ‘bulo’, a pesar de que existen registros escritos de estas solicitudes. Informes internos de la Unidad de Planificación y Análisis de Incendios, que datan del 1 de agosto, ya advertían de un riesgo ‘muy alto-extremo’ de ignición y propagación, recomendando una respuesta contundente desde el inicio de la crisis.
La situación actual en Castilla y León refleja una falta de preparación y una gestión ineficaz que ha llevado a la comunidad a enfrentar una de las crisis de incendios más severas en su historia reciente. Las demandas de los manifestantes no solo buscan la dimisión de los responsables, sino también un cambio estructural en la forma en que se gestionan los recursos y se planifican las políticas medioambientales en la región.
