El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, se enfrenta a un otoño crucial en el que se intentará reactivar la legislatura tras un verano marcado por la gestión de crisis y la necesidad de presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Con la reciente aprobación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, el Ejecutivo busca no solo abordar la corrupción, sino también fortalecer su posición en el Congreso y asegurar la estabilidad política necesaria para avanzar en sus políticas.
La situación actual del Gobierno es compleja, ya que, a pesar de la imagen de debilidad parlamentaria que algunos adversarios políticos intentan proyectar, la mayoría de investidura sigue funcionando. Esto se traduce en un optimismo moderado en Moncloa, donde se considera que la derecha y la ultraderecha no tienen la capacidad de construir una alternativa viable. Este contexto es clave para que el Gobierno se sienta con la fuerza necesaria para presentar sus propuestas y avanzar en su agenda política.
### Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción
El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo al aprobar el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que incluye cinco ejes de actuación y 15 medidas concretas. Este plan fue anunciado por Pedro Sánchez en julio, en respuesta al escándalo que involucró a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien fue encarcelado. La iniciativa busca abordar la corrupción de manera integral, con recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y la Comisión Europea.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que actuará como un órgano central para la prevención y supervisión de la corrupción. Además, se planea transformar la Plataforma de Contratación del Sector Público, incorporando herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial para mejorar la transparencia y el control sobre la financiación de los partidos políticos. Estas acciones han sido bien recibidas por Sumar, el partido de Yolanda Díaz, que ha visto reflejadas muchas de sus demandas en el plan.
La constitución de una comisión interministerial para supervisar la implementación de estas medidas, presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es un paso adicional que refuerza el compromiso del Gobierno en esta lucha. Aunque la aprobación del plan fue una formalidad, se espera que las medidas comiencen a implementarse de manera efectiva en septiembre, marcando un inicio de curso político que promete ser intenso.
### Desafíos en la Presentación de los Presupuestos
A pesar de los esfuerzos por reactivar la legislatura, el Gobierno se enfrenta a un desafío significativo: la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Tras dos años de prórrogas, la intención de Moncloa es presentar un proyecto que permita avanzar en sus políticas sociales y económicas. Sin embargo, la situación es complicada, ya que la negociación con partidos como Junts y Podemos se presenta como un terreno difícil.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que las negociaciones son parte del proceso habitual y que el diálogo es fundamental para alcanzar acuerdos. Sin embargo, la incertidumbre persiste, especialmente con respecto a la postura de Junts, que ha exigido la acreditación del cumplimiento de los presupuestos anteriores antes de considerar nuevos acuerdos. Por su parte, Podemos ha expresado su descontento con el aumento del gasto militar, lo que complica aún más la posibilidad de alcanzar un consenso.
El Gobierno tiene la intención de presentar el techo de gasto en septiembre, un paso previo a la elaboración de los PGE. Sin embargo, las fuentes gubernamentales han admitido que los tiempos son ajustados y que existe la posibilidad de que se presenten ambos documentos de manera casi simultánea para acelerar el proceso. Esta estrategia podría ser clave para asegurar que las cuentas sean aprobadas en el Congreso, aunque aún no se ha decidido si se llevarán a cabo sin tener los apoyos garantizados.
La situación económica del país, junto con el uso de fondos europeos, ha permitido al Gobierno mantener la posibilidad de gobernar sin un presupuesto aprobado, lo que podría ser un alivio en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto. Sin embargo, la presión para presentar un proyecto sólido y consensuado es alta, y las próximas semanas serán decisivas para el futuro político del Gobierno de Sánchez.
En resumen, el otoño se presenta como un periodo crítico para el Gobierno español, que deberá navegar entre la lucha contra la corrupción y la complejidad de las negociaciones presupuestarias. La capacidad de Sánchez para mantener la estabilidad política y avanzar en su agenda dependerá en gran medida de su habilidad para construir consensos y responder a las demandas de sus socios y opositores.
