La reciente ola de incendios que ha asolado varias comunidades autónomas en España ha desatado un intenso debate político, con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señalando al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de la falta de medidas preventivas. En medio de esta crisis, se han planteado cuestiones sobre la gestión de los incendios y la responsabilidad de las administraciones regionales en la lucha contra el fuego.
**Responsabilidades en la Prevención de Incendios**
Feijóo ha criticado al Gobierno por no haber activado a tiempo las medidas de vigilancia en los montes y bosques, lo que, según él, ha contribuido a la magnitud de los incendios en Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid. En una entrevista reciente, el líder del PP lamentó la «ausencia de políticas contra incendios» y afirmó que el Gobierno central parece estar «de vacaciones» ante la crisis. Sin embargo, el Gobierno ha respondido que las competencias en materia de prevención y lucha contra incendios son, por ley, responsabilidad de las comunidades autónomas, muchas de las cuales están gobernadas por el PP.
La legislación vigente establece que cada comunidad autónoma tiene la responsabilidad de organizar la defensa contra los incendios forestales. Por ejemplo, en Castilla y León, la ley de Montes de 2009 asigna a la consejería competente la organización de la defensa contra incendios, mientras que en Andalucía, la ley de 1999 establece que corresponde a la Junta de Andalucía establecer la política general de prevención y lucha contra incendios. Esto plantea la pregunta de hasta qué punto el Gobierno central puede ser considerado responsable de la gestión de incendios en regiones donde las competencias están descentralizadas.
**La Narrativa del «Terrorismo Incendiario»**
En medio de las críticas, Feijóo ha reavivado una narrativa que ya había utilizado en el pasado, sugiriendo que muchos de los incendios son provocados intencionadamente por «terroristas incendiarios». Esta afirmación ha sido desmentida por la Fiscalía, que en 2017 calificó de «trama imaginaria» la idea de una red organizada detrás de los incendios. A pesar de esto, Feijóo ha mantenido que el 80% de los incendios son intencionados, aunque no ha proporcionado evidencia que respalde esta afirmación.
Los datos oficiales, sin embargo, cuentan una historia diferente. Según el Colegio Oficial de Ingeniería Forestal, más del 80% de los incendios en España son causados por la acción humana, pero este porcentaje incluye tanto incendios intencionados como aquellos provocados por negligencias. La organización ecologista WWF estima que solo el 53% de los incendios son intencionados. Además, el último anuario de la Guardia Civil indica que solo el 23% de los incendios investigados en 2023 fueron provocados deliberadamente.
La insistencia de Feijóo en esta narrativa ha sido vista por algunos como un intento de desviar la atención de la gestión de los presidentes autonómicos del PP, quienes también han sido criticados por su tardanza en responder a la crisis. Por ejemplo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado de vacaciones en Miami mientras los incendios devastaban su comunidad, lo que ha generado indignación entre los ciudadanos y críticas por parte de sus opositores.
**La Respuesta del Gobierno y la Gestión de Recursos**
El Gobierno, por su parte, ha defendido su actuación, recordando que antes del inicio de la temporada de incendios, se aprobó un plan estatal de prevención y lucha contra incendios con un presupuesto de 115 millones de euros. Este plan incluye medidas concretas para la limpieza de márgenes de carreteras y la movilización de recursos, como 77 aeronaves y 1.400 soldados de la Unidad Militar de Emergencias, que están trabajando en la extinción de los incendios en varias comunidades.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha enfatizado que el Gobierno no elige las emergencias, pero sí puede decidir cómo responder a ellas. En este sentido, ha criticado la falta de acción de los presidentes autonómicos del PP, sugiriendo que su inacción ha contribuido a la gravedad de la situación. La falta de liderazgo en momentos críticos ha sido un tema recurrente en las críticas al PP, especialmente en un contexto donde la gestión de emergencias es crucial.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad de la gestión de incendios en España, donde las competencias están distribuidas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. A medida que la crisis de incendios continúa, la presión política y social sobre los líderes regionales y nacionales aumentará, lo que podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país.
