El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha emitido un nuevo informe que critica a España por no cumplir con las recomendaciones destinadas a combatir la corrupción. A pesar de algunos avances en la última legislatura, el informe destaca que el país aún no ha alcanzado un nivel satisfactorio en la implementación de medidas efectivas. Este artículo examina las principales preocupaciones planteadas por el GRECO, así como las acciones que el Gobierno español debe considerar para mejorar la situación.
### La Persistente Amenaza de la Corrupción
Desde que el GRECO emitió su primer conjunto de recomendaciones hace ocho años, España ha enfrentado numerosos escándalos de corrupción que han sacudido la confianza pública en las instituciones. Casos recientes, como los de José Luis Ábalos y Cristóbal Montoro, han puesto de manifiesto la necesidad urgente de reformas. El informe del GRECO señala que, aunque se han cumplido parcialmente 16 de las 19 recomendaciones, aún persisten deficiencias significativas en áreas críticas como los aforamientos, la transparencia en la administración pública y la regulación de los lobbies.
Uno de los puntos más controvertidos es el sistema de aforamientos en España, que permite que ciertos funcionarios sean juzgados por tribunales superiores, lo que puede dificultar los procesos penales. En comparación con otros países europeos, donde el número de aforados es significativamente menor, España presenta una situación excepcional con alrededor de 270,000 aforados. Esta situación ha llevado a que el GRECO exprese su preocupación por la impunidad que podría derivarse de este privilegio.
El informe también critica la falta de medidas concretas para abordar la corrupción en la Policía Nacional. Aunque se han realizado evaluaciones de riesgo, el GRECO sostiene que no existe una estrategia anticorrupción específica que aborde los problemas de ética e integridad dentro del cuerpo policial. Esto es especialmente preocupante dado el papel crucial que desempeña la policía en la protección de la ley y el orden público.
### La Necesidad de Reformas Efectivas
El Gobierno español ha reconocido los esfuerzos realizados en la última legislatura para mejorar la transparencia y la integridad institucional. Sin embargo, el GRECO ha instado a intensificar estos esfuerzos y a implementar medidas más contundentes. Entre las recomendaciones más urgentes se encuentra la necesidad de establecer un régimen de transparencia más riguroso para los asesores del Gobierno, quienes deben cumplir con estándares equivalentes a los de otros altos cargos ejecutivos.
El informe también destaca la importancia de regular los contactos entre los lobbies y los altos funcionarios. A pesar de los intentos anteriores de legislar sobre este tema, los esfuerzos para regular los grupos de interés aún no se han materializado en la práctica. La falta de transparencia en las relaciones entre los políticos y los grupos de presión puede socavar la confianza pública y contribuir a la percepción de corrupción.
Además, el GRECO ha señalado que es fundamental establecer restricciones más estrictas para quienes han ocupado cargos políticos y que desean pasar al sector privado. La Ley 3/2015, que regula las puertas giratorias, ha demostrado ser insuficiente en la práctica, lo que ha llevado a un aumento de la preocupación sobre la ética en la política.
El informe también menciona la Oficina de Conflictos de Intereses, que, según el GRECO, carece de verdadera independencia y recursos suficientes para llevar a cabo su labor de supervisión. Esta oficina es crucial para garantizar que los altos cargos no tomen decisiones que beneficien sus intereses personales o familiares, y su debilidad puede contribuir a la falta de confianza en las instituciones.
En resumen, el GRECO ha hecho un llamado claro al Gobierno español para que tome medidas decisivas en la lucha contra la corrupción. La implementación de reformas efectivas no solo es esencial para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Europa, sino que también es crucial para restaurar la confianza pública en las instituciones y garantizar un sistema político más transparente y responsable. La lucha contra la corrupción es un desafío continuo, y España debe actuar con determinación para abordar estas preocupaciones y avanzar hacia un futuro más ético y transparente.
