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El juicio del Caso Varadero se celebrara en Enero próximo, más de siete años después de la “patada en la puerta”

Jose Manuel Bielsa
marzo17/ 2017

La fiscalía pide para Salido y López Merino once meses de prisión, inhabilitación para cargo público durante 10 años y 10 meses de multa por supuestos delitos de prevaricación y allanamiento del varadero del Puerto, entre otros.

La apertura del juicio oral contra el ex concejal del Puerto de Benalmádena, Francisco Salido y su mano derecha y exgerente de la empresa Municipal del Puerto Deportivo de Benalmádena, José Manuel López Merino, por un presunto delito de allanamiento del varadero del Puerto, acaecido en la madrugada del 01 al 02 de octubre de 2011, además de otros dos supuestos delitos de prevaricación y realización arbitraria del propio derecho, ya tiene fecha y se celebrará los próximos días 23, 24 y 25 de Enero del año que viene.

La fiscalía que actúa en el procedimiento abreviado que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos contra los dos ex responsables municipales, pide para cada uno de los acusados una pena de inhabilitación especial para cargo público por un periodo de 10 años por un supuesto delito de prevaricación, otra de diez meses de multa, con cuota diaria de 15 Euros, por un presunto delito de realización arbitraria del propio derecho y otra de once meses de prisión, nueve de multa e inhabilitación absoluta por el presunto allanamiento de domicilio de persona jurídica, además de su inhabilitación para el sufragio pasivo.

Según plantea el escrito de la fiscalía al que ha tenido acceso esta plataforma digital, los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la empresa Marinas del Mediterráneo S.L., que explotaba las instalaciones del varadero por entonces, con la cantidad económica que se determine en ejecución de sentencia por los daños y perjuicios morales y económicos ocasionados.

Cabe señalar en este sentido que la acusación particular pide una indemnización que supera los 415.000 Euros, una cantidad por la que, llegado el caso, deberán responder en última instancia, como responsables civiles subsidiarios la empresa municipal del Puerto y el Ayuntamiento de Benalmádena en los términos que dispone el Código Penal.

Los hechos que se juzgarán a primeros de año se remontan a la madrugada del 01 al 02 de octubre de 2011, cuando ambos dirigentes de UCB, por entonces máximos responsables del Puerto, acudieron al varadero junto a un cerrajero para, según la acusación, romper y cambiar las cerraduras del recinto, cuya explotación había sido adjudicada a Marinas del Mediterráneo S.L..

Francisco Salido señaló que su actuación venía motivada por la necesidad de que la empresa del puerto recuperara el control del varadero una vez que su concesión había concluido dos días antes y para ello se apoyó en una supuesta orden del alcalde “a sabiendas de que tal orden no existía” y de que la actuación que ordenaban tanto él mismo, como José Manuel López Merino (que según el atestado policial ya en Octubre de 2011 se presenta ante la Policía Nacional como abogado) “era manifiestamente contraria a la legalidad”, según reza el escrito de la fiscalía.

TRAS EL CASO VARADERO, UN ROSARIO JUDICIAL

Como consecuencia del tiempo transcurrido y de los largos plazos de tiempo que emplea la justicia a la hora de resolver los procedimientos que tiene planteados, por aquello del olvido o las dudas que se puedan suscitar, cabe recalcar que esta causa de la “patada en la puerta” (que por lo demás, tuvo algo de premonitorio) es la más antigua y la primera de las que tienen abiertas tanto Salido, como López Merino, pero no es, ni mucho menos, la única.

De hecho, ambos están inmersos de un modo u otro en un intrincado maremágnum judicial que, casi como una especie margarita, tardará años en terminar de deshojarse. Especialmente, si tenemos en cuenta el formidable número de ocasiones en que los protagonistas de esta información suelen enfermar (por azar, naturalmente) coincidiendo con el día en que los cita el juez.

Además del Caso Varadero que nos ocupa, los dos, tanto el ex-líder de UCB, como su “hombre fuerte” están actualmente también imputados (o investigados, si se prefiere el nuevo tipo) por el caso Comedor Social de Benalmádena, un asunto que parece no poco turbio y de tal sordidez moral que llegó a llamar la atención de medios de comunicación de ámbito nacional al presentar un supuesto desfase económico de más de un cuarto de millón de Euros en subvenciones municipales “despistadas” en algún punto del camino.

López Merino, tan redomado fingidor que hasta se dice que ni siquiera su familia conocía el escabroso detalle, fue ya condenado a seis meses de cárcel por ejercer la abogacía sin estar colegiado ni tener titulación y la fiscalía mantiene diligencias abiertas asimismo, contra el que se autoencumbrara en su momento a la categoría de apóstol de los pobres de Benalmádena, Francisco Salido y la exalcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez que, reducida a la condición de comparsa, se ha tenido que enfrentar, también ella, a que se la investigue por un presunto delito de malversación de caudales públicos tras dar por buena una asignación mensual “retroactiva” de 600 euros adicionales a Salido, que ya cobraba 44.500 euros anuales como edil, un «error administrativo» según el PP local.

En la misma línea, un informe elaborado en el marco de una auditoría al Puerto en el periodo 2011-2015 plantea que tanto Salido como López Merino favorecieron, de manera presuntamente irregular, a tres empresarios amigos que obtuvieron una amplia colección de adjudicaciones del puerto, un 66% del total, durante aquellos años por una cantidad que rondaría la nada despreciable de los 3 millones de Euros.

Pero aquí no se acaba el barrizal montado en Benalmádena por el grupo que fue de Salido: El Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos admitió a trámite a principios de año la querella interpuesta contra tres excargos de Provise, la empresa municipal de promoción de la vivienda, por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. La entidad, en la que supuestamente se despistaron en torno a 91.000 Euros, estuvo controlada entre 2011 y finales de 2015 por altos cargos de UCB, formación presidida por el ex-edil.

 También en Mayo del año pasado un juez obligó al Ayuntamiento de Benalmádena a pagar más de 30.000 Euros a un trabajador que fue destituido por Salido de manera irregular. La sentencia consideraba que existía una «desviación de poder en la actuación administrativa” dado que la misma tan solo tenía apariencia de legalidad e iba destinada a dar cobertura a una actuación que el tribunal consideró contraria al ordenamiento jurídico.

 

Jose Manuel Bielsa
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